El 17 de julio, la Federal Communications Commission (FCC) presentó un plan integral para reevaluar la infraestructura de alerta de emergencia de la nación. Este Aviso de Propuesta de Reglamento, previsto para la reunión de agosto de la FCC, significa una revisión fundamental tanto del Emergency Alert System (EAS) como de las Wireless Emergency Alerts (WEA).
El anuncio de la FCC destaca que ambos sistemas, introducidos hace años utilizando la tecnología de entonces, pueden ya no satisfacer eficazmente las necesidades modernas. El EAS, que funciona con la misma arquitectura desde 1994, y el WEA, diseñado para redes de telecomunicaciones significativamente evolucionadas, están siendo sometidos a un escrutinio. La revisión va más allá de los ajustes incrementales para considerar aspectos estructurales fundamentales: objetivos de alerta, remitentes autorizados, capacidades de transmisión y métodos de recepción pública.
La propuesta de reglamento explora varias áreas críticas. ¿Deben los sistemas de alerta garantizar la entrega de mensajes, o debería bastar un enfoque de "esfuerzo máximo"? ¿Cómo se pueden proteger los sistemas contra los ciberataques que podrían interrumpir las advertencias legítimas o generar falsas alertas? La precisión de la focalización geográfica, con el objetivo de evitar la "fatiga por alertas", también está bajo examen.
La FCC considera ampliar los originadores de alertas autorizados más allá de las entidades gubernamentales para incluir a las empresas de servicios públicos para notificaciones de peligros inmediatos. La alerta máquina a máquina, que activa automáticamente acciones de protección, también se explora. Además, se está revisando la posibilidad de capacidades de mensajería de vídeo, junto con las implicaciones de costos y los requisitos técnicos.
La comisión reconoce que las plataformas de alerta tradicionales pueden no llegar a las audiencias con la misma eficacia que antes, debido a los cambios en los hábitos de consumo de medios. Los servicios de streaming, las redes sociales y los dispositivos conectados, que actualmente alcanzan el 40.3% del uso de la televisión a junio de 2024, permanecen fuera del sistema actual. La FCC está explorando si las alertas de emergencia deben priorizar las capacidades de los dispositivos del usuario final, permitiendo la recepción directa de alertas independientemente de la programación.
La revisión se produce en medio de importantes presiones en la cadena de suministro en la industria de las alertas de emergencia. La National Association of Broadcasters solicitó a la FCC soluciones basadas en software tras el anuncio de Sage Alerting Systems de cesar la producción de hardware debido a las dificultades para obtener componentes heredados. Sage suministra aproximadamente el 90% de las estaciones de radio con hardware de alerta de emergencia, dejando a Digital Alert Systems como el principal proveedor.
El aviso de la FCC omite la discusión sobre la transición a la transmisión ATSC 3.0 o NextGen TV, a pesar de que los proponentes destacan las capacidades de alerta mejoradas del estándar. Los datos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias revelan 4,86 millones de usos del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública desde 2012. El Servicio Meteorológico Nacional genera alrededor del 90% de las activaciones de EAS, principalmente para alertas meteorológicas.
Las investigaciones indican que muchos mensajes de Wireless Emergency Alert carecen de información crucial, lo que lleva a la comisión a buscar información sobre la obligatoriedad de los elementos de información clave en todos los mensajes. La investigación de la FCC se centra en evaluar sistemáticamente si los sistemas actuales alcanzan eficazmente los objetivos de seguridad pública a la luz de los cambios tecnológicos y de comportamiento. "Como parte de este examen, solicitamos comentarios sobre cómo funcionan el EAS y el WEA en la práctica para las autoridades de seguridad pública que envían alertas todos los días y para el público que recibe estas alertas", declaró la comisión.
La FCC aceptará comentarios públicos durante 30 días después de la publicación, seguidos de un período de 45 días para la respuesta a los comentarios. La comisión no ha especificado un plazo para la finalización o implementación de los cambios.