El gobierno sueco está redactando leyes para penalizar a los consumidores que acceden a servicios IPTV ilícitos. Esto representa una expansión de las regulaciones existentes, que se dirigen principalmente a los distribuidores de dichos servicios. Los medios de noticias suecos informan que una investigación del Ministry of Culture sugiere imponer multas a las personas que transmiten contenido sin una licencia. Además, los operadores de servicios pirata podrían enfrentar sanciones más estrictas, que podrían incluir penas de prisión de hasta seis años.
La ley propuesta está programada tentativamente para entrar en vigor el 1 de julio de 2026. Eva Bergquist, una investigadora designada por el gobierno, declaró en Svenska Dagbladet que es "casi imposible" detener la piratería en la fuente. Esta decisión refleja la creciente prevalencia del problema en Sweden. Las estimaciones sugieren que más de 700,000 hogares, aproximadamente el 15% de la población, están utilizando IPTV no autorizada, lo que genera una pérdida anual estimada de ingresos de SEK 1–1.5 mil millones para las emisoras y los titulares de derechos.
Los investigadores sostienen que, dado que los proveedores de servicios operan con frecuencia de forma anónima y desde el extranjero, los esfuerzos de aplicación también deberían dirigirse a los usuarios finales. Las medidas técnicas que se están considerando implican el bloqueo en tiempo real de transmisiones ilegales, el bloqueo de dominios y la eliminación de servicios pirata de los resultados de búsqueda. Las emisoras locales han aplaudido esta iniciativa, evidenciada por un aumento en el precio de las acciones del servicio de transmisión Viaplay. Ya se han resuelto casos legales de IPTV en los tribunales suecos. A principios de este año, se ordenó a un individuo pagar SEK 2.7 millones en daños y perjuicios por operar un servicio sin licencia, y otro está actualmente en juicio por presuntamente vender suscripciones por valor de SEK 9 millones. La propuesta ahora se someterá a consulta gubernamental antes de ser presentada al parlamento.