La Comisión Europea se ha puesto del lado de la radiotelevisión pública de Finlandia, Yle, en una disputa sobre su financiación estatal. Esta decisión sigue a una queja presentada por Sanoma Media Finland, una importante empresa de medios de comunicación en Finlandia, que argumentó que el servicio de streaming de Yle, Yle Areena, y su contenido educativo constituían una ayuda estatal injusta, distorsionando así la competencia del mercado.
Sanoma Media Finland, la mayor empresa de medios de comunicación de Finlandia por ingresos, presentó la queja en 2021. La empresa posee una filial centrada en materiales educativos y publica el destacado periódico Helsingin Sanomat. Su argumento se centró en el modelo de financiación de Yle, afirmando que la financiación pública proporcionaba una ventaja competitiva injusta en los sectores de contenido digital y educativo, lo que podría violar las normas de la UE diseñadas para promover una competencia leal.
Sanoma destacó específicamente Yle Areena, la plataforma de streaming de Yle que ofrece un amplio contenido gratuito, como un área clave de preocupación, citándola como un competidor significativo para los servicios de streaming comerciales. También cuestionaron la producción de contenido educativo de Yle, alegando que competía injustamente con las alternativas de financiación privada.
Tras una investigación exhaustiva, la Comisión Europea determinó que la financiación de Yle cumple plenamente con la normativa de la UE sobre ayudas estatales para empresas. La Comisión no encontró pruebas de distorsión de la competencia ni de violaciones del derecho de la UE. La resolución también confirmó que no es necesario modificar la legislación finlandesa.
La Comisión hizo hincapié en que la estructura de financiación de Yle se ajusta a la normativa de la UE debido a su mandato de servicio público. Las emisoras públicas de la UE pueden recibir apoyo estatal siempre que se utilice para cumplir con obligaciones de servicio público claramente definidas. El gobierno finlandés defendió enérgicamente a Yle, argumentando que Sanoma interpretó mal el papel y las actividades de la radiotelevisión pública.
El gobierno enfatizó que Yle Areena y la programación educativa de Yle son cruciales para su misión de servicio público. Declararon que el mandato de Yle abarca el acceso universal a contenido de alta calidad, el fomento de la diversidad cultural y lingüística y el apoyo a la alfabetización mediática, todo lo cual justifica su financiación estatal. El contenido educativo se destacó especialmente como un servicio vital, especialmente durante crisis como la pandemia de Covid-19, cuando los recursos de aprendizaje a distancia tenían una gran demanda.
Aunque Sanoma Media Finland aún no ha respondido a la resolución, la decisión representa un revés significativo para la empresa. Yle acogió con satisfacción la decisión, reiterando su compromiso de proporcionar contenido diverso y de alta calidad a todos los finlandeses y subrayando la importancia de los medios de servicio público para garantizar el acceso a información fiable y recursos educativos.
Este caso ejemplifica la tensión continua entre los proveedores de medios públicos y comerciales en Europa. Con las plataformas digitales cada vez más importantes para el consumo de medios, las empresas privadas han expresado su preocupación por el panorama competitivo creado por las entidades financiadas con fondos públicos. La resolución de la Comisión Europea a favor de Yle podría sentar un precedente para disputas similares en el futuro.