La Comisión Europea se ha puesto del lado de la emisora pública finlandesa, Yle, en una polémica disputa sobre ayudas estatales. Esta decisión sigue a una queja presentada por Sanoma Media Finland, una destacada empresa de medios de comunicación en Finlandia, alegando que el servicio de streaming de Yle, Yle Areena, y sus ofertas educativas constituyen ayudas estatales injustas, distorsionando así la competencia del mercado.

Sanoma Media Finland, la mayor empresa de medios de comunicación de Finlandia por ingresos y editora de Helsingin Sanomat, inició la queja en 2021. La empresa, que también posee una filial especializada en materiales educativos, argumentó que el modelo de financiación pública de Yle le otorga una ventaja competitiva injusta en los sectores de contenido digital y educativo, contraviniendo las regulaciones de la UE destinadas a garantizar una competencia leal.

La queja de Sanoma se dirigió específicamente a Yle Areena, la plataforma de streaming de Yle, citando su extenso contenido gratuito como un gran desafío para los servicios de streaming comerciales en Finlandia. También expresaron su preocupación por la producción de materiales educativos de Yle, alegando que compite deslealmente con las alternativas de financiación privada.

Tras una investigación exhaustiva, la Comisión Europea concluyó que la estructura de financiación de Yle se ajusta plenamente a la normativa de la UE sobre ayudas estatales para empresas. La Comisión no encontró pruebas que sugirieran que las actividades de Yle distorsionaran la competencia o violaran las leyes de la UE, confirmando que no son necesarias modificaciones a la legislación finlandesa.

La Comisión hizo hincapié en que la financiación de Yle se alinea con las normas de la UE debido a su compromiso con la radiodifusión de servicio público. La resolución reconoce que las emisoras públicas de la UE pueden recibir apoyo estatal, siempre que se utilice para cumplir con obligaciones de servicio público claramente definidas.

El gobierno finlandés defendió firmemente a Yle, contrarrestando las afirmaciones de Sanoma al destacar el papel crucial de Yle Areena y su programación educativa en el cumplimiento del mandato de servicio público de la emisora. Destacaron el compromiso de Yle con el acceso universal a contenidos de alta calidad, el fomento de la diversidad cultural y lingüística y la promoción de la alfabetización mediática, todo ello justificando su financiación estatal. El contenido educativo, en particular, se consideró vital, especialmente durante crisis como la pandemia de Covid-19, cuando se necesitaban urgentemente recursos de aprendizaje a distancia.

Si bien Sanoma Media Finland aún no ha publicado una declaración oficial, la resolución representa un revés significativo para la empresa. Yle celebró la decisión, reiterando su dedicación a proporcionar contenidos diversos y de alta calidad a todos los ciudadanos finlandeses. La resolución subraya la importancia de los medios de comunicación de servicio público para garantizar el acceso a información fiable y recursos educativos.

Este caso pone de manifiesto el continuo roce entre los proveedores de medios públicos y comerciales en toda Europa. La creciente dominación de las plataformas digitales en el consumo de medios ha generado preocupación entre las empresas privadas con respecto al panorama competitivo moldeado por entidades con financiación pública. La decisión de la Comisión Europea a favor de Yle podría sentar un precedente para disputas similares en toda Europa.