Un nuevo análisis sugiere que el ambicioso plan del Reino Unido para la transición a un mercado de televisión totalmente IP en la década de 2030 podría, sin querer, impedir que millones de personas accedan a los servicios de TV. Esta advertencia desafía las suposiciones actuales del gobierno con respecto a las tasas de adopción de banda ancha y la asequibilidad en todo el país.
Según un informe visto por el periódico The Observer, el analista independiente Mathew Horsman advierte que hasta 5.4 millones de hogares del Reino Unido, que representan aproximadamente 10 millones de personas, podrían quedarse sin acceso a la televisión en vivo si el Reino Unido suspende todos los transmisores de TV y adopta por completo la entrega por Internet. Esta proyección contrasta fuertemente con el modelo utilizado por el gobierno en la planificación del futuro de Freeview.
Se espera que el Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) tome una decisión crucial en 2026 con respecto a cuándo comenzar el proceso de cierre de la red de TV terrestre del Reino Unido. Esta decisión estará significativamente influenciada por la investigación realizada por la Universidad de Exeter, que pronostica que para 2040, el 95% de los hogares del Reino Unido verán principalmente la TV a través de banda ancha. Estiman que solo 1.4 millones de personas, en gran parte espectadores mayores de bajos ingresos, seguirán dependiendo de la radiodifusión terrestre.
El análisis de Horsman presenta una perspectiva diferente. Argumenta que el cambio hacia IP está progresando más rápido en los círculos políticos y regulatorios que las capacidades reales de muchos hogares. Enfatiza que la exclusión digital seguirá siendo una barrera estructural significativa hasta bien entrada la década de 2030 y más allá. El calendario actual que se está considerando en Whitehall sugiere un apagado terrestre completo para 2035. Este cronograma se alinea con el vencimiento de las licencias de servicio público de radiodifusión existentes de Channel 4, Channel 5 e ITV en 2034, que también es el año en que concluirán sus contratos de distribución con Arqiva, el operador de la red de transmisores de radiodifusión del Reino Unido.
El contrato de transmisión actual de la BBC con Arqiva es válido hasta 2030, y su próxima revisión de la Carta con DCMS comenzará en 2027. Broadband TV News señala que, si bien las emisoras de servicio público están obligadas por sus licencias, los canales privados tienen la opción de retirarse de la radiodifusión terrestre de forma independiente. El regulador Ofcom ha abogado por una decisión rápida, informando al gobierno en julio que la claridad para 2026 es crucial "para gestionar una transición inclusiva".
Sin embargo, los datos de Horsman sugieren que establecer una fecha de desconexión fija sin una estrategia integral de asequibilidad e inclusión a nivel nacional podría conducir a una transición disruptiva, lo que podría dejar a millones de espectadores, principalmente aquellos con ingresos más bajos y personas mayores, sin acceso a los servicios de TV de libre acceso.

